El pasado 16 de diciembre, el Observatorio de Dependencia publicó su informe anual, arrojando cifras que invitan a la reflexión sobre los avances y retos pendientes en el Sistema de Atención a la Dependencia, en un momento en que esta ley cumple 18 años.
Desde su entrada en vigor, 3,7 millones de personas han recibido atención, pero el dato más estremecedor es que cerca de 900.000 personas fallecieron mientras permanecían en lista de espera. De ellas, 318.000 esperaban el reconocimiento de su grado de dependencia y 541.000 aguardaban la prestación o servicio al que tenían derecho.
¿Cuánto tiempo hay que esperar?
En 2024, el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 330 días, aunque en comunidades como Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia el plazo supera esta cifra. A este tiempo se deben sumar los meses necesarios hasta que las ayudas se hacen efectivas. A este ritmo, según el informe, se necesitarían cinco años para alcanzar la plena atención a las personas con derecho reconocido.
Una red que crece, pero con recursos insuficientes
El número de personas demandantes ha aumentado constantemente desde 2014, salvo excepciones como el período de recortes en financiación (2012-2014) y el año de la pandemia. A pesar de ello, el sistema sigue sufriendo retos estructurales. Aunque se han reducido las listas de espera en 24.549 personas este año, aún hay 291.649 sin atender, distribuidas entre quienes esperan valoración, aprobación de su plan de atención o la prestación efectiva del servicio.
Además, el gasto medio por persona atendida ha disminuido drásticamente: en 2010 era de 8.145 euros y en 2024 es de 5.982 euros, un 26,6% menos. Aunque la financiación estatal ha aumentado en los últimos tres años, todavía no se logra el equilibrio de aportar el 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.
Impacto económico y territorial
El informe también destaca las desigualdades entre comunidades autónomas. Por ejemplo, mientras La Rioja lidera la inversión con 1.825 euros por persona potencialmente dependiente, Galicia ocupa el último lugar con apenas 848 euros. Este gasto genera un impacto económico positivo: el 41,7% de la inversión revierte al Estado en forma de impuestos y cotizaciones, alcanzando más de 3.550 millones en 2024.
¿Y el futuro?
Aunque el informe reconoce los avances logrados en estas casi dos décadas, también señala que los procedimientos burocráticos, la baja intensidad de los servicios y las prestaciones insuficientes han dado lugar a un sistema que aún no satisface las necesidades de las personas en situación de dependencia. Desde Acción Visión España, apoyamos la necesidad de redoblar esfuerzos para que el sistema sea ágil, equitativo y verdaderamente eficaz.
El reto es enorme, pero también lo es el compromiso de seguir avanzando hacia un modelo que garantice los derechos y el bienestar de todas las personas dependientes en nuestro país.