El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, una modificación normativa impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que introduce cambios relevantes para las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias. La reforma busca ampliar derechos, mejorar el acceso a los servicios y adaptar el sistema a las necesidades actuales de la sociedad.
Entre las principales novedades destaca el refuerzo del modelo de cuidados basado en la autonomía personal y en la permanencia de las personas en sus hogares y entornos habituales, apostando por apoyos más personalizados y por una mayor coordinación entre los diferentes recursos disponibles. Según el texto aprobado, el objetivo es avanzar hacia un sistema que se adapte mejor a las circunstancias y preferencias de cada persona.
Además, la reforma incorpora a la legislación el compromiso de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una medida que pretende garantizar la sostenibilidad del sistema y reforzar los recursos destinados a las comunidades autónomas.
Principales cambios en la ley de dependencia
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la ampliación del catálogo de servicios y prestaciones, así como la eliminación de algunas incompatibilidades que existían hasta ahora. De este modo, las personas en situación de dependencia podrán combinar diferentes apoyos en función de sus necesidades concretas, como la asistencia a un centro de día, la teleasistencia o los cuidados en el entorno familiar.
La asistencia personal también se verá reforzada. A partir de ahora, este servicio podrá prestarse no solo dentro del domicilio, sino también fuera de él, acompañando a la persona en actividades cotidianas como acudir a consultas médicas, realizar gestiones o hacer la compra.
Otra de las novedades importantes es que la teleasistencia pasará a considerarse un derecho para todas las personas con dependencia reconocida. Además, se potenciará como herramienta preventiva y podrá incorporar nuevos dispositivos de apoyo, como sistemas de geolocalización.
La reforma también reconoce nuevas realidades familiares y amplía el concepto de persona cuidadora, de manera que quienes convivan o mantengan vínculos estrechos con la persona dependiente, aunque no exista una relación familiar directa, podrán asumir legalmente estas funciones.
Por otro lado, el plazo máximo para resolver las solicitudes de dependencia se reducirá de seis a tres meses, con el objetivo de agilizar los procedimientos y disminuir la carga burocrática.
Cambios en la ley de discapacidad
La reforma incorpora también medidas relevantes en materia de discapacidad, situando la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal como pilares fundamentales del nuevo modelo.
Entre las novedades destaca el reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad vinculados a la situación de dependencia. Así, las personas a las que se les reconozca un grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33 % de discapacidad, mientras que quienes tengan reconocido un grado II o III podrán acceder al reconocimiento del 65 %. La medida pretende simplificar trámites y reducir tiempos de espera.
La accesibilidad universal pasa además a ser reconocida como un derecho exigible, lo que permitirá reclamar la adaptación de edificios y servicios públicos. Para ello, se pondrá en marcha un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal destinado a financiar actuaciones que eliminen barreras físicas, sensoriales y de comunicación.
En el ámbito de la vivienda, la reforma modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las obras de accesibilidad en edificios residenciales, reduciendo la aportación económica exigida a las comunidades de propietarios y obligando a solicitar ayudas públicas cuando alguna persona residente las necesite.
Asimismo, la atención temprana se convierte en un derecho subjetivo para niños y niñas de entre 0 y 6 años que presenten trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, garantizando que las administraciones públicas deban proporcionar los apoyos necesarios.
La nueva normativa también prohíbe expresamente que las compañías aseguradoras incrementen el precio de seguros de salud o de hogar por el hecho de que una persona tenga una discapacidad, una práctica que a partir de ahora será considerada discriminatoria.
Por último, se incorpora la figura del facilitador procesal, destinada a garantizar que las personas con discapacidad o con dificultades de comprensión puedan participar en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones.
La aprobación de esta reforma supone uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de discapacidad y dependencia. No obstante, muchas de las medidas deberán desarrollarse reglamentariamente y requerirán la colaboración de las distintas administraciones para hacerse efectivas.
La información completa podéis consultarla en la nota publicada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: https://www.dsca.gob.es/es/comunicacion/notas-prensa/congreso-aprueba-reforma-ley-discapacidad-refundacion-sistema-dependencia