En España, muchas personas con baja visión están encontrando obstáculos para que su discapacidad sea reconocida de manera adecuada. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 888/2022, que regula el procedimiento de valoración y calificación del grado de discapacidad, el sistema debía reflejar mejor la realidad funcional de cada persona. Sin embargo, la experiencia nos muestra que esto no está ocurriendo.
Nos llegan casos de personas con patologías visuales graves que no son llamadas a valoración presencial, o cuyos informes médicos —aunque detallan una pérdida visual significativa— no se traducen en un grado de discapacidad acorde a su vida diaria. La baja visión no siempre se entiende, y su impacto real en la autonomía, el empleo o la participación social sigue quedando invisibilizado.
Carmen, por ejemplo, tiene 63 años y padece degeneración macular asociada a la edad. Aunque conserva algo de agudeza visual, su visión central está gravemente dañada, lo que le impide leer con normalidad, reconocer rostros o manejar dispositivos electrónicos. A esto se suma una fotofobia intensa —la luz natural le produce dolor y deslumbramiento— y una pérdida notable de visión en condiciones de poca luz, que la obliga a evitar salir de casa al anochecer. En su valoración, sin embargo, solo se tuvo en cuenta la agudeza visual medida en condiciones óptimas de iluminación, sin considerar las limitaciones funcionales que realmente condicionan su vida cotidiana.
Este tipo de situaciones evidencian una brecha entre la realidad de las personas y el modo en que se aplica el baremo. Factores como la sensibilidad al contraste, la visión fluctuante, la intolerancia a la luz, o la necesidad constante de apoyos ópticos o tecnológicos no siempre se reflejan en los informes oficiales, y eso se traduce en valoraciones incompletas y, en muchos casos, injustas.
La Organización Mundial de la Salud reconoce la baja visión como una discapacidad visual que afecta a millones de personas en el mundo y que debe evaluarse no solo por la agudeza o el campo visual, sino por su repercusión funcional.
“El baremo va en contra de lo que establece la Organización Mundial de la Salud, porque una persona con baja visión no alcanzaría ni siquiera el grado mínimo de discapacidad. España está incurriendo en una dejación de su compromiso con la OMS y con las personas con baja visión.”— Andrés Mayor Lorenzo, presidente de Acción Visión España
Desde Acción Visión España, queremos recopilar información sobre estos casos para trasladar la situación a los espacios donde se toman decisiones y defender una valoración más justa, adaptada a la realidad de las personas con patologías visuales.
Si en tu entidad, asociación o entorno conoces casos en los que la valoración de discapacidad no se haya realizado correctamente —por falta de entrevista personal, informes no considerados o un grado incoherente con la situación funcional—, te pedimos que nos lo hagas llegar.
Escríbenos a maria.ramirez@esvision.es
Y, por si acaso, te dejamos aquí una entrada donde hablamos sobre la importancia de presentar un informe médico completo en el proceso de valoración: Accede a la entrada completa.