En pleno siglo XXI, seguimos siendo testigos de situaciones que desafían los principios de igualdad y justicia que deberían guiar a nuestra sociedad. El caso de Uxía García Freire, maestra gallega con discapacidad visual cesada por el Gobierno de Canarias, es un recordatorio doloroso de que aún estamos lejos de garantizar una verdadera inclusión.
Uxía, con una discapacidad visual del 66 % derivada de una amaurosis congénita de Leber, no solo superó las oposiciones con una de las mejores calificaciones, sino que también demostró su capacidad como docente durante el período en el que ejerció. Sin embargo, la administración canaria decidió invalidar su nombramiento basándose en criterios obsoletos y argumentos injustificados, como el insólito temor de que un niño pudiera «caerse por la ventana», a pesar de que las ventanas del colegio tienen barrotes.
Desde Acción Visión España, no podemos permanecer en silencio ante esta situación. El cese de Uxía no solo vulnera su derecho a un empleo digno, sino que perpetúa un mensaje peligroso: que las personas con discapacidad están sujetas a una evaluación distinta, en la que los prejuicios pesan más que las capacidades.
Ajustes razonables: un derecho, no una concesión
La legislación española y los compromisos internacionales en materia de discapacidad son claros: las administraciones tienen el deber de realizar ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades. En el caso de Uxía, la ausencia de estos ajustes es evidente. La misma ONCE y el CERMI han señalado que se está aplicando una guía de recomendaciones desfasada, ignorando normativas actuales que priorizan la inclusión.
La actitud de la administración canaria no solo contraviene estos marcos legales, sino que también desacredita décadas de trabajo de personas con discapacidad visual que han demostrado, una y otra vez, su competencia en todos los ámbitos laborales, incluida la docencia. En España, desde 1932, ha habido docentes con discapacidad visual en las aulas, lo que refuerza la incongruencia de este caso.
¿Dónde está la lógica de la inclusión?
Como bien señala Uxía, «la inclusión es una palabra, no una realidad». Si las propias instituciones no cumplen con las normativas que promueven la igualdad, ¿cómo podemos avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva? Este caso debería llevarnos a reflexionar sobre el tipo de mensajes que enviamos como sociedad cuando una persona con discapacidad logra superar todas las barreras impuestas y, aun así, se ve obligada a luchar nuevamente por un derecho ya reconocido.
Desde aquí, hacemos un llamamiento a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para que rectifique de inmediato y reincorpore a Uxía a su puesto. También instamos a las instituciones responsables a revisar los procesos y criterios que perpetúan la exclusión de las personas con discapacidad.
Uxía no está sola. Su lucha es la lucha de miles de personas que, como ella, merecen oportunidades basadas en sus capacidades, no en prejuicios. Desde Acción Visión España, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y con la construcción de un futuro donde la inclusión sea un hecho, no solo una palabra.